Esto último es lo más grave, porque afecta sobre todo a nuestros alumnos, y no sólo a algunos profesores: para
los alumnos supone un cambio de profesor cuando faltan escasas semanas o incluso sólo unos días para los exámenes
finales de la segunda evaluación, que deberá llevar a cabo un profesor que no les conoce ni ha trabajado con ellos, y que
es muy difícil que pueda evaluar de forma adecuada su trabajo.
¿Por qué no se hizo esto a principio de curso, de forma que no afectase de forma tan negativa a profesores y alumnos?
¿Y por qué no se hace dentro de cuatro meses, cuando el curso haya terminado? Sólo se me ocurre una palabra para explicarlo:
incompetencia. El gobierno regional no sabe cómo disminuir el gasto, y está recortando dinero de todas partes sin pararse a
pensar en las consecuencias, dando por sentado que la opinión pública está de su parte porque les votaron en las elecciones
generales, y dando por sentado que las ideas que son buenas para los gobernantes alemanes deben serlo también para los
ciudadanos españoles, o peor aún, usando, como hizo Zapatero, la excusa de que son exigencias de Bruselas para eludir
su responsabilidad en las decisiones que están tomando.
Mientras el anterior gobierno se evitaba así tener que explicar por qué había permitido el déficit brutal que nos está ahogando ahora,
el gobierno actual se evita tener que explicar cómo nos va a ayudar esto a crear empleo. Mientras el PSOE dejaba que los precios de los
pisos y la especulación inmobiliaria crecieran sin control, el PP intenta solucionar el déficit haciéndonoslo pagar a todos (excepto los altos
cargos y los banqueros) y sin hacer nada efectivo para impedir que continúe la pérdida de puestos de trabajo .
Es tarea de todos demostrarles que se equivocan, que nuestro voto no supone un cheque en blanco para hacer y deshacer a su antojo
sin dar explicaciones, sin justificar lo que hacen y por qué lo hacen así, en este momento y de esta forma.
Muchos profesores estamos convencidos de que la única forma de acabar con esta manera de hacer las cosas es protestando,
en la calle, en esta página web, en los periódicos, donde sea. Si no protestamos, nos convertimos en cómplices de esta política
equivocada, que carga sobre las espaldas de los ciudadanos el coste de la crisis, en forma de recortes en los servicios públicos
(sanidad y educación sobre todo), mientras los verdaderos responsables de la crisis siguen viviendo como siempre, buscando
el beneficio inmediato (económico o político) sin importarles el peligro en que ponen los puestos de trabajo de todos.
Ni los funcionarios ni nuestros alumnos tenemos la culpa de la crisis, los responsables fueron:
los banqueros ineptos o poco escrupulosos que invirtieron nuestros ahorros en bonos basura americanos y los han perdido,
los banqueros avariciosos que despilfarraron nuestros ahorros en créditos con alto riego de impago para comprar pisos,
las empresas constructoras que mientras duraron las vacas gordas se llenaron los bolsillos (cuando no se arruinaron por intentar acaparar
terrenos para construir que ahora no valen nada, o por intentar multiplicar su beneficios a base de créditos que ahora no pueden devolver),
y que cuando llegaron las vacas flacas despidieron sin miramientos a sus trabajadores,
los particulares y empresas que pretendieron hacerse ricos sin trabajar dedicándose a la compraventa de pisos mientras la burbuja inmobiliaria se inflaba,
los altos cargos responsables de vigilar el sistema bancario y evitar lo que ha pasado, que a pesar de las múltiples voces que avisaban
de que se avecinaba el estallido de la burbuja inmobiliaria no movieron un dedo para impedirlo,
los políticos a los que hace años se les está exigiendo que aprueben leyes para limitar la especulación en bolsa,
con medidas tan sencillas como cobrar un mínimo impuesto a los especuladores, que se podría destinar a ayudar a los países probres,
y no lo quisieron hacer (y que encima pretenden ahora apropiarse de la idea y quedarse con lo que se recaude),
los gobernantes regionales (todos ellos: los del PP en Valencia, los del PSOE en Castilla-La Mancha y Andalucía,
los de Convergencia y Unió en Cataluña, los de otras formaciones políticas en otras autonomías),
que estaban despilfarrando el dinero de nuestros impuestos en gastos cada vez más absurdos y endeudándonos a todos,
cuando no llenándose los bolsillos.
Y quienes tienen que trabajar más para salir de la crisis son:
Los banqueros que continúan usando nuestros ahorros y el dinero que les ha ofrecido el Estado (de nuestro bolsillo)
para seguir aumentando sus beneficios en inversiones muy seguras o muy rentables, como comprar deuda pública,
en lugar de ayudar con préstamos a bajo interés a los pequeños negocios y refinanciar la deuda
de quienes están perdiendo sus pisos porque han perdido su empleo y no pueden devolver su préstamo ni cancelarlo a cambio de su piso,
resultando que les prestaron 50 para comprar un piso que valía 40 y después de cobrar 30 se quedan con el piso,
y todavía les exigen el pago de otros 20, más los intereses, así que si algún día consiguen terminar de pagarlo el banco habrá cobrado
dos veces lo que vale ahora el piso y además se habrá quedado con él. Y a quienes no pagan los echan a la calle por miles,
porque lo importante es que no se pierda la confianza en el sistema bancario, aunque las familias estén durmiendo en la calle mientras
sus pisos están vacíos porque nadie tiene dinero para comprarlos, porque los bancos ya no dan crédito y quien tiene dinero para invertir
prefiere esperar a ver si bajan más los precios.
Los jefes de estado y de gobierno, que deberían estar aprobando leyes para evitar que una crisis así vuelva a repetirse,
limitando la posibilidad de especular en la Bolsa, estableciendo impuestos justos para los inmensos beneficios de la economía financiera,
de modo que su impacto sobre la economía real tenga al menos un lado positivo en forma de financiación para las políticas sociales que los
excesos del capitalismo neoliberal y globalizador hacen cada vez más necesarias, buscando de verdad soluciones a los problemas económicos del siglo XXI:
la desastrosa distribución de alimentos y agua potable en el mundo, la contaminación, el derroche de recursos naturales de la economía no sostenible,
la utilización de fuentes de energía contaminantes, el acaparamiento de tierras de cultivo en países pobres por gobiernos extranjeros,
la falta de compromiso para la reducción de gases de efecto invernadero, el crecimiento descontrolado de empresas multinacionales
que pretenden acaparar la producción de alimentos a nivel mundial, etc., etc.
Los gobernantes regionales, que deberían empezar por recortar lo que de verdad supone muchos gastos y ningún beneficio para los
ciudadanos: los gastos desenfrenados de las campañas electorales, los sueldos y privilegios de los altos cargos,
la financiación de televisiones locales y regionales de dudosa utilidad, las subvenciones a asociaciones afines a sus propias ideas sólo por serlo,...
En cambio, nuestros gobernantes, que para ahorrar dinero no pagan sus deudas a los proveedores, contribuyendo así activamente
a la destrucción de pequeñas empresas y empleos, ni envían a los centros educativos los fondos necesarios para que funcionen
como es debido, y que demuestran una y otra vez que sus promesas de no rebajar la calidad de los servicios públicos
son una pura mentira, pretenden que sean los trabajadores y sus familias quienes aporten el dinero, y
las empresas privadas las que creen empleo. Pero ¿cómo va a contratar a alguien ningún empresario si las deudas con la administración
lo están ahogando, si los bancos no le dan crédito porque invierten el dinero que el estado les ha dado en prestar a su vez dinero
al estado en forma de inversión en deuda pública, pero a un interés mayor? Si alguien entiende la lógica de esto, que me lo aclare,
porque a mí me parece absurdo: ¿no sería mejor que los bancos devolviesen el dinero que el estado les prestó, y que ese dinero se
emplease para pagar a las empresas con las que el estado tiene deudas, y que se redujeran las necesidades de financiación del estado y de las empresas?
¿No sería más lógico que el estado le prestase ese dinero a los que tienen que pagar una hipoteca, de modo que pudieran saldar sus deudas
con los bancos? ¿No es de sentido común que si el estado y las autonomías tienen deudas deben recortar sus gastos superfluos (no sus
inversiones más productivas a largo plazo, como la sanidad y la educación), en lugar de dar dinero a los bancos para luego tenérselo
que pedir prestado mientras el déficit sigue creciendo?
Por otro lado, la respuesta de la administración regional cada vez que los profesores protestamos mediante una huelga
de un día es reincidir en sus calumnias sobre el poco espíritu de sacrificio de los profesores, su irresponsabilidad, su falta
de solidaridad, la manipulación a que dejamos que nos someta el partido de la oposición, y otras falacias que esconden la verdad:
mientras a los trabajadores, funcionarios y estudiantes de Castilla-La Mancha se les exigen cada vez mayores sacrificios,
mientras cada vez más voces se alzan en los medios de comunicación poniendo en duda la eficacia de estas medidas no ya
para crear empleo (evidentemente, lo están destruyendo) y hacer crecer la economía (¿cómo va a crecer, si los consumidores
que supuestamente debemos hacerla crecer cada vez tenemos más miedo de gastar nuestro dinero por si acaso es el último
que entra en casa?), sino ni siquiera para frenar el déficit público y sentar las bases de un crecimiento económico sostenido a largo plazo,
los altos cargos siguen disfrutando de prebendas que se niegan a los demás, como la posibilidad de darse de baja por motivos médicos
sin ver por ello recortado su salario, los aumentos de sueldo para los altos cargos, y por supuesto, el aire acondicionado para los
despachos oficiales mientras en los centros de enseñanza hemos pasado tanto frío que los profesores teníamos que dar la
clase con el abrigo puesto, y muchos alumnos, que al estar sentados aún tenían más frío, se tenían que traer mantas a clase.
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Lamentablemente, la administración regional continúa tomando medidas que contribuyen al deterioro de la calidad en la enseñanza pública,
perjudicando a nuestros alumnos y recortando derechos laborales a los profesores. Como ejemplos, los funcionarios que se pongan enfermos
verán reducido su salario, mientras las autoridades educativas continúan escatimando profesores para cubrir las bajas por enfermedad;
además, ante la convocatoria de esta huelga se recibió en los centros una circular que obliga a los directores a establecer unos "servicios mínimos"
de un profesor por cada 6 grupos de alumnos, medida que nunca antes se había considerado necesaria (sólo era preciso en caso de huelga la
permanencia del director, el jefe de estudios y un conserje), y que pretende impedir que todos los profesores puedan ejercer su derecho de huelga.